La cifra se disparó luego de los crímenes ocurridos en Florencio Varela y Hurlingham.
Los crímenes en masacre ocurridos en lo que va del año fueron noticia, no solo por la cantidad de víctimas fatales, sino también por la violencia de sus hechos. Ambos, fueron llevados a cabo con un arma de fuego.
En el informe, la RAD asegura que “cada día las crónicas de sucesos dan cuenta de crímenes causados por armas de fuego en manos de personas que las usan para delinquir”.
Además, manifiesta una “profunda preocupación por la falta de políticas activas que pongan freno a la peligrosa proliferación de armas de fuego en el seno de la sociedad”.
Respecto al mercado ilegal de armas de fuego, la organización expresa que “los hechos se producen en un contexto en el que el Estado ni siquiera conoce cuál es la realidad sobre el mercado de armas en la Argentina”.
Agrega, además, que “la mitad de las casi 800.000 personas a las que se ha habilitado para poseer armas de fuego tiene sus permisos vencidos, lo que vuelve todavía más difícil el control estatal y suma más imprecisión en relación con el universo sobre el cual se debe ejercer aquel control”.
“El período otorgado por la ley es del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, y aún no se inició. A este contexto de desidia hay que sumarle los reiterados robos de armas de los arsenales oficiales y de los depósitos judiciales, el otorgamiento de permisos de portación a integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad sin los controles psicológicos adecuados. Por eso nos preguntamos, esto es ¿desidia, incapacidad o complicidad?”, concluye el informe.
