Un nuevo patrón asesino que avanza con rapidez.
La provincia de Tucumán fue el escenario que desencadenó la polémica, cuando el 22 de diciembre pasado, Elizabeth Yanina Aguirre, de 34 años, llegó al penal de Villa Urquiza junto a sus hijos de 14 y 6, para visitar a su pareja, Henry Coronado.
Durante la visita íntima, Coronado agarró a su pareja por el cuello y la ahorcó. Elizabeth, no tuvo tiempo para defenderse, ni gritar. Murió al instante. Luego del crimen, el hombre se suicidó, colgándose con la misma sábana que habían usado ambos minutos antes.
Pero no era este el primer episodio femicida que protagonizaba el asesino, de nacionalidad boliviana. De hecho, llevaba preso más de un año y medio con prisión preventiva por haber matado a su amante y por el cual, iba a ser juzgado. La víctima se llamaba Leydi Meneses y tenía 42 años.
Cinco días pasaban del 2017 cuando se conoció la noticia de otro femicidio ocurrido en un penal, esta vez, en Salta. El asesino, y no siendo dato menor, estaba preso por haber asesinado a su pareja, también estando en prisión, pero diez años atrás.
El femicida, identificado como Gabriel Herrera, asesinó a Andrea, su esposa, dentro de la celda. La ahorcó y luego, le dio cinco puñaladas en la zona del abdomen. “Lo hice porque la amaba”, dijo Herrera cuando fue encontrado, junto al cadáver.
A diferencia de lo ocurrido en Tucumán, el gobierno salteño separó al director del penal, José Luis Ávalos, e intervino el centro penitenciario.
El último caso fue en Villa María, Córdoba, a mediados del mes de enero. Los agentes de seguridad realizaban el conteo de las visitas, antes de salir del Penal, cuando percibieron que faltaba una mujer, por lo que decidieron dirigirse a una de las celdas.
Allí, se dieron cuenta que Franco Arsénico Benítez, de 35 años, había matado a su mujer, María Luján Aguilera, de 34, y luego se había suicidado.
Benítez cumplía condena a prisión perpetua ya que en marzo de 2006 había ahorcado a su expareja, Sandra Patiño, y a la pequeña hija de ambos, Selene Desiree, en la ciudad de Villa General Belgrano, poco después del bautismo de la niña.
Son muchos los interrogantes que aparecen luego de este tipo de episodios. El sistema penitenciario nacional, debe tomar cartas en el asunto para prevenir estos asesinatos, incrementando las medidas de control durante las visitas, y de esta forma, garantizar la seguridad de estas mujeres.
Aun así, hasta el momento, Córdoba es la única provincia que estableció políticas públicas para detener este fenómeno: el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, creó un protocolo de actuación para garantizar la seguridad de las mujeres que concurren a las cárceles provinciales, ya que que deberán ser autorizadas por un juez y pasar por un proceso de revisión de un equipo interdisciplinario antes de cada visita.
